Tras la reciente decisión del presidente Donald Trump de revocar la directiva de 2011 que limitaba las detenciones de inmigrantes en zonas consideradas “sensibles”, las autoridades federales cuentan ahora con la potestad de ingresar a espacios como templos religiosos y centros educativos.
Operativos de inmigración en escuelas e iglesias: una nueva realidad en Estados Unidos
Este giro en la política migratoria ha generado reacciones diversas: mientras el gobierno justifica la medida con el argumento de mayor seguridad nacional, líderes comunitarios y defensores de derechos humanos temen un impacto devastador en la vida cotidiana de miles de familias.
En 2011, la administración de Barack Obama estableció lineamientos para el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) y la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP), restringiendo redadas en áreas como escuelas, hospitales, iglesias, bodas y funerales.
Con esta normativa, se buscaba evitar el desasosiego en sitios considerados pilares sociales y, al mismo tiempo, incentivar una confianza mínima entre la comunidad inmigrante y las instituciones estadounidenses. Sin embargo, la nueva disposición del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) elimina esas restricciones.
El portavoz del DHS enfatizó la necesidad de “usar el sentido común” al momento de efectuar detenciones, argumentando que este cambio permitirá capturar a “asesinos y violadores” que se ocultaban en estos espacios. Diversos analistas señalan que la medida también se vincula a otros proyectos de la Administración Trump, incluido el intento de restringir la ciudadanía por nacimiento, calificado por críticos como un acto “flagrantemente ilegal”.
Impacto en comunidades inmigrantes: escuelas e iglesias en la mira
El temor se ha extendido entre las familias de estatus migratorio incierto que acuden a escuelas y sitios de culto, ya que estos espacios solían verse como refugios donde la protección y la ayuda humanitaria eran prioritarias.
La posibilidad de que agentes de ICE entren a un aula o a una misa dominical ha despertado preocupaciones sobre la salud mental y el bienestar de niños y adultos, especialmente aquellos que crecieron en Estados Unidos y temen ser separados de sus seres queridos.
Este contexto es aún más complejo si se toma en cuenta la postura del gobierno sobre la ciudadanía de niños nacidos en el país de padres indocumentados. Activistas y juristas coinciden en que cualquier medida que busque restringir derechos de quienes nacen en territorio estadounidense generará litigios que podrían llegar hasta la Corte Suprema. Asimismo, las operaciones en escuelas podrían desalentar la asistencia de miles de menores y jóvenes, deteriorando su desempeño académico y aumentando las tasas de deserción.
Perspectiva legal ante el fin de la directiva de 2011
Aunque la directiva no equivalía a una ley formal, sí funcionaba como guía interna para los agentes federales.
Su eliminación plantea interrogantes legales, dado que algunos casos de detención en zonas sensibles podrían interpretarse como violaciones al debido proceso o al derecho de reunión y culto. Abogados especializados en inmigración señalan que este cambio podría derivar en demandas colectivas, argumentando que la nueva política afecta derechos fundamentales protegidos por la Constitución de Estados Unidos.
Organizaciones no gubernamentales se encuentran recopilando testimonios de personas que aseguran haber sentido coacción o temor a causa de la presencia de agentes en lugares tradicionalmente protegidos. Para estos colectivos, la palabra “discrecional” que emplea la Administración deja demasiado margen a interpretaciones subjetivas, lo que incrementa la incertidumbre.
Reacciones de organizaciones de derechos civiles y líderes religiosos
Las iglesias, sin importar su denominación, llevan años sirviendo como apoyo para quienes buscan asesoría legal y espiritual.
Pastores, sacerdotes y rabinos, junto con redes de voluntarios, han ofrecido servicios de comida, refugio temporal y orientación migratoria. La posibilidad de que estos espacios ya no sean seguros podría fracturar la relación entre la comunidad y los líderes religiosos, temiendo que una simple misa se convierta en el escenario de una redada.
Por su parte, defensores de derechos civiles como la Unión Estadounidense por las Libertades Civiles (ACLU) advierten que la medida podría exacerbar la discriminación racial y étnica. Además, los expertos señalan que la vigilancia ampliada podría disuadir a las víctimas de crímenes a denunciar, por temor a que la policía colabore con las autoridades migratorias.
La tensión entre seguridad y derechos fundamentales
El gobierno federal sostiene que la decisión de revocar la directiva de 2011 responde a la necesidad de combatir la delincuencia y reforzar la seguridad interna. Sin embargo, el temor a una potencial militarización de espacios comunitarios y educativos se ha convertido en una preocupación central para las comunidades inmigrantes y los defensores de derechos humanos.
Aún no se sabe con precisión cuántos operativos se realizarán ni en qué circunstancias específicas se permitirá la entrada de agentes de inmigración a escuelas e iglesias, pero es claro que este cambio político ha reactivado el debate sobre el alcance del poder ejecutivo en el ámbito migratorio. Algunas demandas legales parecen inminentes, y es probable que la tensión entre las autoridades y la comunidad inmigrante se intensifique en los próximos meses.
En un país con una tradición de acoger a personas de diversos orígenes, el desafío radica en encontrar el balance entre la seguridad nacional y el respeto por las libertades individuales.
Para quienes requieran más información sobre políticas migratorias actuales, el sitio oficial del Departamento de Seguridad Nacional (www.dhs.gov) ofrece guías e informes, aunque varias organizaciones de asistencia legal recomiendan cotejar datos con fundaciones independientes y abogados especializados.
Publicado el 24 de enero de 2025.
