La región de América Latina y el Caribe vive momentos de creciente tensión tras las medidas migratorias adoptadas por el presidente estadounidense Donald Trump. Líderes de diversos países han expresado su firme rechazo a las políticas calificadas como “denigrantes y antiinmigrantes”, mientras organizaciones defensoras de los derechos humanos alertan sobre el impacto de estas disposiciones en la población migrante.
Países de la CELAC se unen frente a políticas anti-inmigrantes
Desde su llegada al poder, Donald Trump intensificó deportaciones, envió tropas a la frontera con México y recortó recursos de ayuda humanitaria.
Estas acciones afectaron gravemente a quienes buscan refugio en Estados Unidos, encendiendo la alarma en gobiernos y defensores de derechos humanos. Según datos recopilados por la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) (autoridad en temas migratorios), la cifra de expulsiones forzadas ha aumentado de manera significativa, dejando a miles de familias en situación de vulnerabilidad.
La presidenta de Honduras, Xiomara Castro, anunció que considerará clausurar las bases militares estadounidenses localizadas en su territorio si Trump continúa ejecutando deportaciones masivas.
Esta contundente declaración subraya la preocupación de la mandataria frente a posibles violaciones de los derechos de sus connacionales. Además, la jefa de Estado convocó una reunión de urgencia de mandatarios de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC), con el objetivo de unificar una respuesta regional y reforzar la unidad.
Colombia ajusta su postura frente a las deportaciones
Inicialmente, el presidente de Colombia, Gustavo Petro, adoptó una postura contundente al negarse a recibir aviones militares de Estados Unidos que transportaran migrantes deportados bajo condiciones presuntamente inhumanas. Esta decisión provocó reacciones inmediatas de Donald Trump, quien amenazó con imponer sanciones económicas y restricciones de viaje dirigidas a la nación sudamericana.
En un discurso televisado, Petro había reafirmado la soberanía de Colombia, recordando el legado de líderes como Simón Bolívar y Jorge Eliécer Gaitán, y declaró: “Colombia es el corazón del mundo y no nos dominarán nunca. Somos constructores de libertad, vida y humanidad”. Además, el mandatario anunció inicialmente aranceles del 50% para productos estadounidenses como una contrarespuesta a las posibles medidas punitivas de Trump.
Sin embargo, Petro ha cambiado su posición.
Con el objetivo de evitar la imposición de aranceles por parte de Estados Unidos, el presidente colombiano decidió aceptar las deportaciones, aunque exigió que estas se realicen en condiciones que respeten los derechos humanos de los migrantes.
Este giro político representa un intento de preservar las relaciones comerciales y evitar mayores daños a la economía nacional, aunque ha generado críticas tanto dentro como fuera del país. Organizaciones de derechos humanos han expresado preocupación por las implicaciones de esta decisión, destacando la necesidad de un monitoreo constante para garantizar el trato digno de los migrantes deportados.
Aranceles y sanciones: un nuevo choque diplomático
Las amenazas de Trump de imponer sanciones y la decisión de Colombia de ajustar su postura frente a las deportaciones podrían alterar el flujo comercial bilateral. Especialistas en relaciones internacionales señalan que, aunque estas tensiones son reactivas y podrían escalar, ambos países mantienen históricamente relaciones comerciales amplias.
Al mismo tiempo, la propuesta de la presidenta hondureña de cerrar bases militares estadounidenses en su territorio marca un punto de inflexión en la región, que podría sumar apoyos en la próxima reunión de la CELAC. Representantes de otros países latinoamericanos ven en estos movimientos una oportunidad para fortalecer la cooperación y la independencia de políticas injerencistas.
El próximo encuentro convocado por Xiomara Castro, con la asistencia confirmada de Gustavo Petro de manera presencial en Tegucigalpa, se centrará en diseñar acciones conjuntas para enfrentar las políticas migratorias que impactan a la región. Se espera que la agenda incluya también temas ambientales y la búsqueda de mecanismos que fortalezcan la integración latinoamericana y caribeña.
Líderes esperan discutir la creación de rutas seguras para los migrantes y la canalización de apoyos humanitarios. Asimismo, se prevé un pronunciamiento conjunto contra cualquier forma de discriminación. La resolución final podría marcar un hito en la defensa de la soberanía regional y en la protección de quienes migran por razones económicas, políticas o de seguridad.
Escenario complejo: deportaciones y sanciones en aumento
La creciente ola de deportaciones, la imposición de sanciones y las posiciones firmes de mandatarios como Castro y Petro delinean un escenario complejo.
Sin embargo, las muestras de unidad y las declaraciones de solidaridad dentro y fuera de América Latina refuerzan el mensaje de que las comunidades migrantes merecen respeto y protección.
En este panorama, los ojos de la comunidad internacional están puestos en la próxima reunión de la CELAC y en las decisiones conjuntas que tomen los gobernantes, quienes buscan demostrar que la región cuenta con la fortaleza suficiente para enfrentar políticas externas percibidas como injustas.
El desenlace de este choque diplomático y económico dependerá de la voluntad de ambas partes de abrir canales de diálogo y cooperación. No obstante, la convicción de los gobiernos latinoamericanos de proteger a sus ciudadanos, así como de defender el respeto a los derechos humanos, se erige como un eje fundamental de sus relaciones futuras con Estados Unidos.
Publicado el 28 de enero de 2025.
