El pasado 20 de enero, la Casa Blanca anunció una orden ejecutiva que suspende temporalmente el Programa de Admisión de Refugiados de Estados Unidos (USRAP, por sus siglas en inglés). De acuerdo con el texto oficial, esta disposición responde al aumento histórico de la migración en el territorio nacional y a la necesidad, según el Gobierno, de salvaguardar la seguridad interna y priorizar los recursos de los ciudadanos estadounidenses.
Suspensión del programa de refugiados en EE. UU.: qué implica la orden ejecutiva
Desde ciudades como Nueva York, Chicago y Denver, hasta localidades pequeñas como Charleroi (Pensilvania) y Springfield (Ohio), se ha evidenciado un incremento en la llegada de personas que buscan establecerse en suelo estadounidense.
La medida establece que tanto la entrada de nuevos refugiados como la evaluación de sus solicitudes permanecerán en pausa, con la excepción de aquellos casos que, a criterio conjunto del Departamento de Estado y el Departamento de Seguridad Nacional (DHS), se consideren de interés nacional y no supongan un riesgo para la seguridad o el bienestar del país.
Este énfasis en la selectividad pretende reducir la presión sobre los servicios públicos y garantizar que el reasentamiento de refugiados se efectúe bajo un enfoque de seguridad y estabilidad.
Participación ampliada de Gobiernos Estatales y Locales en el reasentamiento de refugiados
Otro componente destacado de la orden ejecutiva radica en brindar mayor espacio a los gobiernos estatales y locales para que participen en la decisión de reasentamiento de los refugiados.
De acuerdo con el documento, el DHS, en coordinación con el Departamento de Justicia, evaluará las vías legales que permitan a las jurisdicciones locales intervenir activamente en el proceso. Esta iniciativa responde a demandas de alcaldes y gobernadores que han solicitado una mayor coordinación federal, sobre todo ante la presión presupuestaria en áreas como educación, salud y vivienda.
Las ciudades que han recibido un número creciente de migrantes, incluyendo aquellas que no suelen ser consideradas destinos tradicionales de asilo, han declarado estados de emergencia en algunas ocasiones recientes.
El caso de Nueva York y Massachusetts destaca por la rápida saturación de albergues y la necesidad de asistencia adicional para mantener los servicios esenciales. Con la suspensión temporal del USRAP, se espera un periodo de ajuste en el que estas urbes y pueblos puedan reorganizar recursos, al tiempo que participan en la definición de criterios más estrictos para la admisión de refugiados.
Incertidumbre para solicitantes de refugio ante la suspensión del USRAP
Aunque se trata de un proceso provisional, esta suspensión deja en incertidumbre a cientos de personas que se encontraban en fase de solicitud o que esperaban reasentarse.
En el texto oficial, el Gobierno argumenta que los posibles beneficiarios del programa deben demostrar una clara capacidad de adaptación y no representar una carga para las comunidades anfitrionas. Por otro lado, la orden ejecutiva revoca la política previa (Orden Ejecutiva 14013) que buscaba ampliar los programas de reasentamiento y atender el impacto del cambio climático en la migración.
Algunas organizaciones de la sociedad civil, incluidas varias dedicadas a la defensa de los derechos de los refugiados, han manifestado preocupación por el futuro de quienes huyen de conflictos armados y crisis humanitarias.
Grupos de apoyo a migrantes, al igual que expertos en derecho internacional, han alertado sobre las consecuencias de interrumpir un programa que históricamente ha sido símbolo de compromiso humanitario. Señalan que el cierre temporal podría alentar la creación de rutas más arriesgadas, impactar la credibilidad del país ante la comunidad internacional y aumentar el riesgo para familias que se encuentran en situación de vulnerabilidad.
Informe del Departamento de Seguridad Nacional sobre la suspensión del USRAP
Por otra parte, algunos analistas subrayan la importancia de equilibrar las obligaciones nacionales con la cooperación global en temas de migración.
En un plazo de 90 días, el Departamento de Seguridad Nacional, en coordinación con el Departamento de Estado, deberá presentar un informe al presidente con la recomendación de mantener, modificar o levantar la suspensión.
De igual manera, cada 90 días posteriores se presentarán evaluaciones actualizadas que confirmen si la admisión de refugiados bajo el USRAP se alinea con los intereses y prioridades de Estados Unidos. Mientras tanto, las agencias federales y los gobiernos locales afinan estrategias de coordinación para abordar de manera eficiente el flujo migratorio y garantizar un equilibrio entre la seguridad nacional y la acogida humanitaria.
Publicado el 22 de enero de 2025.
