En una decisión que afecta a más de medio millón de personas, el Gobierno de Estados Unidos ha anunciado que no permitirá que los migrantes de Cuba, Nicaragua, Haití y Venezuela extiendan su estatus bajo el programa de «parole humanitario» más allá de los dos años inicialmente concedidos. Esta medida, confirmada por un portavoz del Departamento de Seguridad Nacional (DHS), implica que aquellos que no hayan obtenido otro beneficio migratorio «deberán salir de Estados Unidos o serán colocados en procedimientos de deportación» al término de su permiso.
Un programa temporal que llega a su fin
El «parole humanitario», implementado por la administración del presidente Joe Biden, permitía a los beneficiarios entrar y trabajar legalmente en Estados Unidos por un periodo de dos años, siempre y cuando contaran con un patrocinador en el país.
Desde su inicio en octubre de 2022 para venezolanos y su extensión en febrero de 2023 a cubanos, haitianos y nicaragüenses, el programa ha acogido a 110.000 cubanos, 210.000 haitianos, 93.000 nicaragüenses y 117.000 venezolanos, según datos del DHS.
El programa estaba diseñado como una solución temporal que ofrecía a los migrantes la oportunidad de «buscar otras maneras de obtener beneficios migratorios u otros alivios migratorios, como el asilo o el TPS», explicó un funcionario del DHS. Sin embargo, muchos beneficiarios no han iniciado estos trámites y ahora enfrentan una carrera contrarreloj.
- Venezolanos y haitianos que llegaron antes de julio de 2023 y junio de 2024, respectivamente, pueden solicitar el Estatus de Protección Temporal (TPS).
- Cubanos tienen la posibilidad de obtener residencia a través de la Ley de Ajuste Cubano.
- Nicaragüenses carecen de un beneficio específico y deberán optar por el asilo u otro estatus migratorio.
Además, más de 50.000 venezolanos que arribaron antes de la vigencia del TPS para su nacionalidad enfrentan desafíos similares.
Preocupación entre expertos y organizaciones
La decisión ha generado inquietud entre especialistas en migración. Algunos podrían quedarse sin un estatus legal o perder la habilidad para trabajar mientras tanto, advierten abogados en inmigraci[on expertos en el caso estadounidense. Debe recordarse que este programa nació como parte de un acuerdo entre EE. UU. y México para expulsar a 30.000 migrantes mensuales de estas nacionalidades al lado mexicano de la frontera.
Contexto político y electoral
La medida se anuncia a menos de un mes de las elecciones presidenciales estadounidenses de 2024, en medio de críticas de los republicanos y del expresidente Donald Trump, quien ha prometido eliminar el beneficio si regresa al poder. La administración Biden implementó el «parole humanitario» como parte de su estrategia para frenar la migración irregular y establecer vías legales, al tiempo que imponía restricciones al asilo en la frontera con México.
Impacto en la comunidad migrante
La finalización del programa deja a miles en una situación de vulnerabilidad e incertidumbre. Muchos beneficiarios no han postulado todavía a otro tipo de alivio y ahora van a tener que apresurarse para solicitarlo. La presión sobre los servicios de inmigración podría aumentar, y existe el riesgo de que algunos migrantes caigan en la irregularidad.
Comparaciones internacionales y críticas
Mientras que migrantes de Afganistán y Ucrania han podido extender su estatus bajo programas similares, los de estas cuatro nacionalidades latinoamericanas no tendrán esa opción. Esta disparidad ha suscitado críticas sobre la consistencia y equidad de las políticas migratorias estadounidenses.
Una encrucijada para miles de familias
Con plazos que se acercan rápidamente, las familias afectadas enfrentan decisiones difíciles. La falta de claridad sobre su futuro en Estados Unidos y las limitadas opciones legales disponibles aumentan la tensión y la ansiedad dentro de estas comunidades.
La decisión del Gobierno de no renovar el «parole humanitario» plantea desafíos significativos para más de medio millón de migrantes que buscaban en Estados Unidos un refugio y oportunidades. Mientras las autoridades defienden la temporalidad del programa, organizaciones y expertos instan a considerar las implicaciones humanas y legales de esta medida.
Publicado el 7 de octubre de 2024.
