En medio de un contexto migratorio cada vez más complejo, se evidencian importantes tensiones en la frontera entre Canadá y Estados Unidos. Diversos actores de la sociedad civil, incluidos expertos en derechos humanos y organizaciones de abogados especializados en asilo, han manifestado su preocupación ante las recientes modificaciones del acuerdo “Safe Third Country”.
Crisis migratoria en la frontera: Suspensión del acuerdo Safe Third Country para salvaguardar derechos
Este convenio, que obliga a los solicitantes de asilo a presentarse en el primer país que atraviesan, se ha convertido en el epicentro de un debate crítico sobre la protección de personas vulnerables, en particular de aquellas que enfrentan discriminación por su identidad de género y orientación sexual.
El acuerdo, vigente desde 2004 y ampliado en 2023, obliga a quienes buscan protección internacional a ingresar en Canadá únicamente si califican para excepciones específicas.
Sin embargo, la reciente serie de órdenes ejecutivas emanadas por el presidente de Estados Unidos han detenido temporalmente la admisión de refugiados, dejando en el limbo a cientos de personas que dependen de la reasentación para escapar de persecuciones. Entre estos, las personas trans y de diversidad de género se encuentran en una situación de riesgo extremo, ya que la detención y el potencial retorno a territorios donde sufren violencia constituyen amenazas directas a su integridad.
Las organizaciones civiles han subrayado la imperiosa necesidad de suspender el acuerdo mientras se desarrollan evaluaciones detalladas sobre las condiciones que generan vulnerabilidad en determinados grupos.
Asimismo, han pedido la creación de mecanismos excepcionales que permitan salvaguardar los derechos de quienes enfrentan persecución, reiterando el compromiso de Canadá con sus obligaciones internacionales en materia de derechos humanos.
Impacto del acuerdo Safe Third Country en refugiados LGBTQIA+ y mujeres
En un ambiente de creciente hostilidad y desafíos legales, las comunidades LGBTQIA+ y las mujeres que huyen de la violencia de género se ven particularmente afectadas.
El acuerdo, al obligar la devolución de los solicitantes de asilo a Estados Unidos, los expone a entornos donde las medidas de protección son insuficientes o inexistentes. Por ello, expertos y defensores de derechos humanos sostienen que el statu quo genera una doble injusticia: por un lado, se vulnera la seguridad de quienes buscan refugio, y por otro, se refuerzan prácticas discriminatorias que podrían perpetuar ciclos de violencia.
La situación se agrava aún más ante la detención de trans y otras personas de diversidad de género, quienes enfrentan un escrutinio excesivo y, en muchos casos, procedimientos que no reconocen la complejidad de sus identidades.
Así, la suspensión del acuerdo se erige como una medida imprescindible para evitar violaciones a la dignidad humana y garantizar que el proceso de asilo se ajuste a los estándares internacionales de protección.
Recomendaciones para una acción gubernamental inmediata
Ante la inminente crisis humanitaria, se ha hecho un llamado al Ministerio de Ciudadanía e Inmigración para que adopte medidas inmediatas. Entre las propuestas más urgentes se encuentran:
- Suspender de forma inmediata el acuerdo “Safe Third Country” con Estados Unidos, evitando el retorno de solicitantes de asilo a situaciones de riesgo.
- Implementar una moratoria en las deportaciones hacia Estados Unidos para aquellas personas que corren un peligro elevado de detención o de sufrir refoulement, es decir, el retorno a un territorio donde sus derechos fundamentales se verían comprometidos.
- Crear una excepción específica en el marco del acuerdo para solicitantes pertenecientes a la comunidad LGBTQIA+ y para quienes huyen de violencia basada en género, asegurando así que se respete el principio de protección internacional.
Estas acciones, de ser implementadas, podrían representar un cambio sustancial en la forma en que Canadá maneja los flujos migratorios y en la garantía de derechos fundamentales para grupos históricamente marginados.
Compromiso ético y legal: ¿Debe Canadá suspender el acuerdo Safe Third Country?
El debate en torno al acuerdo “Safe Third Country” no solo refleja las tensiones políticas y legales entre dos naciones, sino que también es un indicador del compromiso de la sociedad canadiense con los valores de dignidad, igualdad y justicia. Diversos organismos internacionales han señalado que la protección de los derechos humanos debe ser el pilar fundamental en las políticas migratorias, y han instado a Canadá a revisar las medidas que puedan comprometer el bienestar de los solicitantes de asilo.
Además, expertos destacan que la integración de políticas de asilo sensibles y equitativas fortalece el tejido social y promueve una imagen internacional positiva, en línea con los estándares establecidos por organizaciones globales. En este sentido, la adopción de medidas excepcionales no solo beneficiaría a las personas directamente afectadas, sino que también consolidaría el rol de Canadá como un país comprometido con la justicia y la protección de la diversidad.
En conclusión, la suspensión del acuerdo “Safe Third Country” surge como una medida indispensable para responder a una realidad marcada por desafíos humanitarios y desigualdades estructurales. La acción gubernamental en este sentido no solo sería un reflejo del compromiso ético y legal de Canadá, sino también un paso firme hacia la construcción de un sistema migratorio más justo y equitativo.
Es crucial que las autoridades adopten una postura decidida, implementando las recomendaciones de expertos y organizaciones de derechos humanos, para evitar que se continúen vulnerando los derechos de aquellos que buscan refugio. En última instancia, la integración de medidas excepcionales y la suspensión del acuerdo vigente contribuirán a fortalecer la protección internacional y a asegurar que los valores de dignidad y justicia prevalezcan en un entorno global cada vez más incierto.
Para obtener más información y consultar fuentes oficiales, se recomienda visitar el sitio del Gobierno de Canadá y de organizaciones internacionales dedicadas a la protección de los derechos humanos.
Publicado el 24 de febrero de 2025.
