Ante la preocupación por un aumento en las deportaciones desde Estados Unidos, las autoridades locales y federales redoblan esfuerzos para expandir la capacidad de los refugios en la frontera norte de México. Esta estrategia busca responder a la posible llegada de miles de personas que enfrenten procesos de retorno a territorio mexicano.
Tijuana y su estrategia de emergencia para recibir a migrantes
Municipios como Tijuana, Ciudad Juárez, Reynosa, Nuevo Laredo y Piedras Negras trabajan a toda máquina para habilitar nuevos espacios que sirvan de alojamiento temporal.
La coordinación con organizaciones civiles y religiosas, como La Casa del Migrante, ha permitido garantizar un techo digno a aquellos migrantes que quedan varados en la línea limítrofe.
En Tijuana, por ejemplo, el Ayuntamiento declaró formalmente un estado de emergencia ante la posibilidad de deportaciones masivas. De igual forma, se destinarán recursos adicionales para la contratación de servicios, el arrendamiento de inmuebles y la adecuada remodelación de espacios que podrían albergar a hombres, mujeres y niños en situación vulnerable.
Acciones gubernamentales conjuntas
Por otro lado, las autoridades estatales de Baja California, Chihuahua y Tamaulipas señalan que trabajan en cooperación con el Gobierno Federal para fortalecer el apoyo a connacionales que sean retornados a México. Asimismo, la Cancillería ha instruido a los consulados en Estados Unidos para intensificar la asesoría legal, mientras que el secretario de Exteriores, Juan Ramón de la Fuente, ha reiterado el compromiso de garantizar condiciones dignas para cada persona deportada.
En Tamaulipas, nueve refugios operan actualmente con una capacidad de 5.000 personas, pero se estima que esta cifra aumente a 7.500 en los próximos meses. Al mismo tiempo, el secretario de Gobierno de dicho estado, Héctor Villegas González, confirma la creación de más espacios para acoger a quienes desean regresar a sus comunidades de origen.
Riesgos y desafíos financieros
No obstante, estos planes encaran desafíos importantes en materia de recursos y presupuesto.
La rápida ampliación de la red de albergues requiere fondos adicionales que no siempre están disponibles para las administraciones locales. Por lo tanto, gobernadores y alcaldes de la región fronteriza han solicitado apoyo del Gobierno central para mejorar la infraestructura y costear la operación de los albergues en caso de un incremento significativo en la afluencia de migrantes.
El futuro de estas medidas también dependerá de la capacidad de respuesta de Estados Unidos. De acuerdo con diversos expertos en migración, el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas norteamericano (ICE, por sus siglas en inglés) ha advertido limitaciones en su presupuesto, lo que podría ralentizar las deportaciones masivas prometidas en campaña por la administración de turno.
Coordinación binacional en la frontera
Mientras tanto, las ciudades fronterizas continúan preparándose para evitar una crisis humanitaria. Por un lado, se han contemplado esquemas de traslado y reubicación de personas deportadas hacia sus localidades de origen en el interior de México. Por otro lado, organizaciones civiles y religiosas refuerzan su labor de ayuda, distribución de alimentos y orientación legal.
Claudia Sheinbaum, presidenta de México, se reunió recientemente con su gabinete para establecer lineamientos y recursos legales que amparen a los retornados. De igual manera, la mandataria hizo un llamado a la solidaridad ciudadana y reiteró que el Gobierno dará respuesta integral a esta situación.
Más allá de las circunstancias inmediatas, la frontera norte de México se ve impulsada a ajustar sus planes de largo plazo. La meta es contar con una red permanente de albergues y servicios que no solo responda a contingencias, sino que brinde estabilidad a los migrantes en proceso de adaptación o en tránsito hacia sus destinos finales. Asimismo, se promueve la cooperación con entidades internacionales para establecer protocolos que garanticen el respeto a los derechos humanos en cada etapa.
Para obtener más información sobre políticas migratorias y acciones gubernamentales, se pueden consultar:
Con estas medidas, las autoridades mexicanas buscan responder con prontitud y eficacia ante un eventual aumento en las deportaciones, priorizando la dignidad, el bienestar y la seguridad de quienes regresen al país.
Publicado el 15 de enero de 2025.
