La administración del presidente Donald Trump ha invocado la Ley de Enemigos Extranjeros de 1798 –una normativa de época de guerra– para deportar aceleradamente a inmigrantes venezolanos, en particular a aquellos sospechosos de pertenecer a la banda criminal Tren de Aragua. Esta medida, que permite detenciones y expulsiones sin audiencia judicial, ha generado preocupación entre expertos legales y organizaciones de derechos civiles.
Contexto histórico y legal de la Ley de Enemigos Extranjeros (1798)
Horas después de la proclamación presidencial, un juez federal bloqueó temporalmente su aplicación, subrayando la controversia en torno al uso de una ley histórica para abordar un asunto migratorio contemporáneo.
La Ley de Enemigos Extranjeros, promulgada en 1798, es la única parte vigente de las infames Leyes de Extranjería y Sedición.
Fue concebida en un contexto bélico: autoriza al presidente de EE. UU. a detener o deportar a nacionales de un país enemigo durante una guerra declarada, sin una audiencia y basándose únicamente en su país de nacimiento o ciudadanía.
A diferencia de otras leyes de 1798 que caducaron, esta normativa no tiene fecha de expiración y permanece en los libros desde hace más de dos siglos.
Históricamente, la ley solo se ha invocado tres veces, siempre en relación con guerras declaradas: en la Guerra de 1812, la Primera Guerra Mundial y, de forma notoria, durante la Segunda Guerra Mundial.
En este último caso sirvió de base legal para la detención de miles de extranjeros de origen japonés, alemán e italiano, alimentando políticas xenófobas que llevaron incluso a la internación de familias enteras por su nacionalidad. La última vez que un presidente recurrió a esta ley, decenas de miles de no ciudadanos de dichas ascendencias fueron retenidos sin justificación individual, considerados peligrosos principalmente por su origen y sin un debido proceso.
Este precedente oscuro dejó una marca indeleble en la historia de EE. UU. y ha sido ampliamente condenado como una violación a los derechos civiles.
Implicaciones en el debido proceso y los derechos humanos
La invocación actual de esta ley de guerra en tiempos de paz plantea serias implicaciones para el debido proceso y los derechos humanos de los inmigrantes afectados.
Al amparo de la Ley de Enemigos Extranjeros, el gobierno puede omitir los procedimientos básicos de la ley migratoria, como audiencias ante un juez de inmigración, presentación de pruebas o la posibilidad de defensa legal.
En la práctica, esto significa que personas venezolanas podrían ser detenidas y expulsadas sin tener oportunidad de explicar su caso ni de refutar las acusaciones de pertenencia criminal. Organizaciones de derechos civiles han calificado la medida como “una agresión al debido proceso”, advirtiendo que niega a la gente la oportunidad de defenderse en la corte.
Expertos señalan que esta acción socava garantías constitucionales.
La Constitución de EE. UU. protege el debido proceso incluso para personas no ciudadanas en territorio estadounidense, y la deportación sin juicio previo ni evaluación individualizada contraviene principios fundamentales de justicia.
Shayna Kessler, directora del programa de Representación Universal del Vera Institute of Justice, advirtió que la sorprendente invocación de una ley arcaica de tiempos de guerra erosiona la seguridad de las comunidades y amenaza a familias al acelerar deportaciones de inmigrantes venezolanos –incluidos menores de edad–, privándolos de su derecho constitucional a defenderse ante un juez. Añadió que esta táctica alimenta una narrativa peligrosa y falsa de que los inmigrantes son enemigos, cuando en realidad muchos de ellos huyen de crisis y buscan protección.
Desde la perspectiva de los derechos humanos internacionales, la expulsión colectiva sin proceso viola obligaciones asumidas por EE. UU. en tratados y convenciones.
El principio de no devolución (non-refoulement), consagrado en el derecho internacional de refugiados, prohíbe deportar personas a lugares donde puedan enfrentar persecución o tratos inhumanos sin antes evaluar sus circunstancias individuales. Al eliminar la evaluación caso por caso, la aplicación de esta ley podría resultar en deportaciones de personas vulnerables a situaciones de peligro, lo cual preocupa a agencias humanitarias.
Postura de expertos y organizaciones de derechos civiles
Juristas y organizaciones de la sociedad civil han reaccionado enérgicamente a la decisión de la administración Trump. Katherine Yon Ebright, abogada del Brennan Center for Justice, calificó la movida de “totalmente ilegal” al abusar de una facultad reservada para tiempos de guerra en una situación de paz.
Ebright destacó que las leyes migratorias vigentes ya otorgan al presidente amplia autoridad para deportar a extranjeros que cometan delitos o representen un peligro –por ejemplo, miembros de pandillas como el Tren de Aragua– sin necesidad de recurrir a poderes excepcionales.
“El presidente está invocando la Ley de Enemigos Extranjeros para tratar de deshacerse del debido proceso”, afirmó, agregando que la única razón para usar esta figura de 1798 es “posibilitar detenciones y deportaciones masivas contra personas venezolanas basándose en sus orígenes, no en alguna actividad delictiva demostrable en un tribunal”.
En otras palabras, se estaría etiquetando a individuos como enemigos solo por su nacionalidad, evitando tener que probar caso por caso alguna conducta ilegal.
La Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU), junto con la organización Democracy Forward, presentó de inmediato una demanda contra el gobierno federal por esta acción. En la querella, argumentan que invocar una ley de guerra centenaria en tiempos de paz para acelerar deportaciones masivas excede la autoridad presidencial y elude las protecciones del sistema migratorio vigente.
Un juez federal respondió emitiendo una orden de restricción temporal que impide, por el momento, las deportaciones bajo este programa.
La ACLU subrayó que usar la ley de 1798 para evadir las leyes domésticas de inmigración “es fundamentalmente erróneo” y recordó que incluso su uso en épocas de guerra –como en la internación de japoneses-estadounidenses en la Segunda Guerra Mundial– ha recibido condena sostenida con el paso del tiempo.
Organizaciones pro-inmigrantes y de derechos civiles a nivel nacional han expresado posiciones similares.
Nicole Melaku, directora de la National Partnership for New Americans, afirmó que “esta ley extremadamente peligrosa declara la guerra a niños, padres y trabajadores que solo buscan apoyar a sus comunidades”.
Melaku denunció que se trata de un asalto al debido proceso, que niega a las personas toda oportunidad de defenderse en juicio, repitiendo errores históricos: “tal como la Ley de Enemigos Extranjeros fue utilizada para encarcelar y separar a familias estadounidenses de origen japonés durante la Segunda Guerra Mundial, la administración Trump está abusando de este poder ejecutivo peligroso para ampliar el número de personas deportables y justificar su agenda de deportación masiva, destructiva y racista”.
En opinión de estos grupos, “el enemigo no son nuestros vecinos inmigrantes, sino aquellos dispuestos a promulgar políticas alimentadas por el odio que destrozan a las familias”.
Posibles repercusiones en la política migratoria de EE. UU.
El recurso a la Ley de Enemigos Extranjeros –una táctica sin precedentes en la era moderna– podría tener profundas repercusiones en la política migratoria estadounidense.
De prosperar esta estrategia, sentaría un precedente que permitiría a futuros gobiernos esquivar las salvaguardas legales establecidas, tratando la inmigración como un asunto de guerra en lugar de un tema civil.
Expertos advierten que, si los tribunales no lo frenan, “esta movida podría preparar el terreno para cometer otros abusos contra cualquier grupo de inmigrantes que el presidente decida atacar —no solo contra personas venezolanas—, aun cuando residan legalmente en EE. UU. y no tengan ningún antecedente penal”.
En esencia, se abriría la puerta a que la categoría de “enemigo extranjero” se aplique discrecionalmente a distintas nacionalidades según las tensiones políticas del momento, erosionando décadas de evolución en garantías procesales.
Además, este episodio está avivando el debate legislativo. Líderes políticos y activistas han reavivado llamados a revisar o incluso derogar la Ley de Enemigos Extranjeros de 1798 para evitar su abuso futuro.
Argumentan que se trata de una herramienta obsoleta y peligrosa, inadecuada para gestionar los desafíos migratorios actuales y susceptible de usos arbitrarios contra poblaciones vulnerables. Por otro lado, quienes apoyan políticas migratorias más restrictivas podrían ver en esta acción un modelo a seguir, presionando por medidas expeditivas que bordean los límites del marco legal convencional.
En el corto plazo, la política migratoria de Estados Unidos enfrenta un clima de incertidumbre.
La invocación de poderes extraordinarios genera temor en comunidades inmigrantes, particularmente entre los venezolanos en EE. UU., muchos de los cuales huyeron de la crisis humanitaria en su país. Analistas sugieren que este enfoque punitivo podría deteriorar la confianza de los inmigrantes en las instituciones, desincentivando la cooperación con autoridades locales por miedo a ser señalados como “enemigos”.
Asimismo, existe el riesgo de tensionar las relaciones diplomáticas con naciones de origen, en este caso Venezuela, que ha acusado a Washington de criminalizar a sus migrantes y utilizar criterios políticos en materia humanitaria.
Un punto de inflexión para el estado de derecho
La controvertida invocación de la Ley de Enemigos Extranjeros de 1798 por parte de la administración Trump marca un punto de inflexión en el debate migratorio y legal en Estados Unidos.
Por un lado, evidencia la disposición de las autoridades actuales a resucitar herramientas jurídicas draconianas en nombre de la seguridad nacional y el orden público. Por otro lado, ha catalizado la respuesta vigorosa de tribunales, defensores de derechos civiles y expertos legales en defensa del estado de derecho y los principios constitucionales. El desenlace de este pulso –ya sea que los tribunales confirmen o anulen la medida– sentará un precedente histórico.
En medio de este choque institucional, permanecen en el centro las vidas de cientos de familias venezolanas, que enfrentan un futuro incierto.
La situación demanda un equilibrio entre la seguridad nacional y el respeto a las garantías individuales, equilibrio forjado a lo largo de la historia legal estadounidense. La próxima audiencia judicial, programada para el 21 de marzo, podría clarificar los límites de la autoridad ejecutiva en materia migratoria y reafirmar si el país seguirá adherido a sus valores de debido proceso y justicia incluso ante los retos migratorios más recientes.
Publicado el 17 de marzo de 2025.
