En su primer día como el 47.º presidente de los Estados Unidos, Donald Trump firmó una orden ejecutiva que pone fin a la ciudadanía por nacimiento para hijos de inmigrantes en situación irregular. La medida, anunciada casi ocho horas después de su investidura, genera interrogantes sobre su compatibilidad con la Decimocuarta Enmienda de la Constitución estadounidense, que establece que “todas las personas nacidas o naturalizadas en Estados Unidos… son ciudadanas de los Estados Unidos”.
Fin de la ciudadanía por nacimiento: Trump implementa nueva política migratoria
La nueva orden ejecutiva responde a promesas de campaña que, según el presidente, se han gestado durante décadas.
Con la frase “eso es algo grande”, Trump enfatizó la trascendencia de la iniciativa. Los funcionarios de la Casa Blanca explicaron que la administración dejará de reconocer la ciudadanía automática “con carácter prospectivo”, aunque no ofrecieron detalles específicos sobre la implementación de esta normativa ni sobre su aplicación a casos ya existentes.
Varios expertos señalan que la Decimocuarta Enmienda podría convertirse en el principal obstáculo legal para este decreto, ya que el texto constitucional es claro al reconocer la ciudadanía a toda persona nacida en territorio estadounidense. Esta tensión anticipa desafíos en los tribunales, donde organizaciones de derechos civiles y legisladores de la oposición preparan demandas para frenar la iniciativa.
Asimismo, representantes de grupos defensores de inmigrantes han manifestado su inquietud ante la medida. Organizaciones como la American Civil Liberties Union (ACLU) consideran que la orden ejecutiva no solo vulnera la Constitución, sino que también profundiza la incertidumbre jurídica de familias y niños que hasta ahora contaban con la protección legal derivada de su lugar de nacimiento.
Medidas adicionales en la frontera
Como parte de su plan integral de política migratoria, Trump firmó otros decretos dirigidos a reforzar la seguridad en la frontera sur.
Entre ellos, destaca la reinstauración del programa “Permanecer en México” y el compromiso de reanudar la construcción del muro fronterizo. Además, el presidente declaró un estado de emergencia nacional para desplegar fuerzas armadas y efectivos de la Guardia Nacional, con el objetivo de contener el flujo migratorio en puntos críticos.
Este estado de emergencia, según fuentes oficiales, permitirá al Departamento de Defensa enviar refuerzos adicionales donde se considere necesario.
La administración también pretende acelerar la expulsión de migrantes detenidos en la frontera, anular la posibilidad de asilo y suspender la recepción de refugiados durante al menos cuatro meses.
Aunque la Casa Blanca destaca que estas decisiones buscan asegurar la soberanía y la seguridad del país, diversos analistas alertan sobre el impacto en la población migrante. La restricción al derecho de asilo y la suspensión de los programas de reasentamiento de refugiados podrían incrementar la vulnerabilidad de personas que huyen de situaciones de violencia y crisis humanitarias.
Por otra parte, gobiernos de países de origen de migrantes podrían entablar negociaciones con Washington para clarificar el estatus de sus nacionales que residen en Estados Unidos.
A escala internacional, organismos defensores de derechos humanos recalcan que la nueva política contrasta con la tradición histórica del país en materia de acogida. De igual modo, resaltan la posible afectación a la imagen global de los Estados Unidos como destino para quienes buscan protección.
Perspectivas futuras y debate público
Distintos sectores de la sociedad estadounidense se preparan para un prolongado debate en torno al alcance de la presidencia en materia migratoria.
Mientras algunos respaldan el endurecimiento de las políticas como una forma de proteger el empleo y la economía interna, otros cuestionan el costo ético y legal. Es previsible que la medida llegue hasta la Corte Suprema, donde se determinará si el Ejecutivo tiene la facultad de reinterpretar de manera unilateral la Decimocuarta Enmienda.
En consecuencia, abogados constitucionalistas y especialistas en migración anticipan que la controversia legal podría tardar meses o incluso años en resolverse.
Entretanto, la comunidad internacional observa con atención el desarrollo de este proceso, dado que sus implicaciones humanitarias y políticas trascenderán las fronteras de Estados Unidos.
Publicado el 21 de enero de 2025.
