La reciente votación en el Senado de Estados Unidos para proceder con la consideración de una polémica iniciativa migratoria ha generado un intenso debate entre legisladores, defensores de derechos humanos y comunidades de inmigrantes. Con 82 votos a favor y 10 en contra, la cámara alta avanza en la discusión de un proyecto de ley que endurecería las normas de detención obligatoria para personas extranjeras involucradas en delitos contra la propiedad, como robos o hurtos en tiendas.
El Senado Estadounidense avanza en ley migratoria que endurece la detención por hurtos y robos
El trasfondo de la medida y su posible impacto en la política migratoria norteamericana han desencadenado reacciones encontradas, sobre todo por la amplitud de las facultades que el texto otorga a las fiscalías estatales y la controversia alrededor de casos criminales que avivan el debate público.
El caso que ha despertado mayor atención es el de la joven estudiante de enfermería Laken Riley, asesinada recientemente en el estado de Georgia.
Su presunto homicida, un migrante de origen venezolano, fue acusado de asesinato y encontrado culpable el mes pasado. Según datos oficiales de las autoridades de inmigración, el sujeto había ingresado a Estados Unidos de manera irregular en 2022 y, antes del crimen, enfrentó un cargo de robo menor que no impidió su liberación.
Este incidente, convertido en un emblema de la narrativa de “mano dura”, ha servido como punto de partida para los legisladores republicanos que impulsan una detención automática de cualquier inmigrante acusado de robo, hurto o allanamiento.
La medida en medio del debate sobre seguridad fronteriza
Tras la polémica votación, el líder de la mayoría en el Senado, John Thune, defendió la medida como un “acto de sentido común que busca salvaguardar la seguridad pública y evitar nuevos delitos”. Sin embargo, las críticas provienen de varios sectores, incluidos algunos miembros del Partido Demócrata, que señalan un posible menoscabo de los derechos constitucionales y una aplicación desproporcionada de la ley.
Nueve senadores demócratas y un independiente votaron en contra de la propuesta, entre ellos Tina Smith (Minnesota), Ben Ray Luján (Nuevo México) y Elizabeth Warren (Massachusetts). El senador Bernie Sanders (independiente por Vermont) también se opuso con énfasis, calificando el proyecto de “peligroso precedente”.
Dos días antes de la votación, el líder de la minoría demócrata, Chuck Schumer, enfatizó la necesidad de presentar enmiendas que limiten los alcances más polémicos del texto. No obstante, la aprobación del procedimiento legislativo dejó abierta la puerta a una versión final que, según el bloque republicano, pretende terminar con las llamadas “ciudades santuario” y reforzar la seguridad en la frontera sur.
De acuerdo con los analistas, la iniciativa cobra particular relevancia en el contexto de la transición presidencial, dado el histórico debate sobre la migración y los reiterados llamados a fortalecer las medidas de control fronterizo.
Avance del proyecto de ley (S. 5)
El proyecto S. 5 contempla la detención obligatoria de cualquier persona inmigrante —incluidas aquellas con estatus legal discrecional, como el amparo de la Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA)— que haya sido acusada o arrestada por robo, hurto o allanamiento.
Asimismo, imposibilita la liberación bajo fianza y amplía los recursos judiciales a favor de los fiscales estatales.
Estas disposiciones reflejan la intención de los autores del texto de endurecer las políticas migratorias, al tiempo que suscitan temores entre los defensores de los derechos civiles de que la iniciativa afecte a individuos que aún no han sido declarados culpables.
La propuesta también otorga a las fiscalías estatales el derecho a impugnar, ante instancias federales, las políticas de visado del Departamento de Estado y las decisiones de los jueces de inmigración en materia de fianza. Para muchos expertos legales, esta facultad se traduce en una concentración de poderes inusual, pues permitiría a los estados interferir en las competencias tradicionales del gobierno federal en asuntos migratorios.
El precedente podría ocasionar enfrentamientos judiciales de gran escala, además de aumentar la carga sobre los tribunales federales.
Implicaciones migratorias y controversia
Los detractores del proyecto argumentan que el encarcelamiento automático de personas inmigrantes por delitos no violentos, y sin que medie sentencia condenatoria, vulnera tanto el principio de la presunción de inocencia como la igualdad ante la ley. De acuerdo con asociaciones como la American Civil Liberties Union (ACLU), el costo humano y financiero de la detención masiva sería significativo, exacerbando la saturación de las cárceles y el estrés administrativo sobre las cortes de inmigración.
Para la comunidad inmigrante, el temor no solo radica en la posibilidad de detenciones prolongadas, sino en el aumento de la xenofobia y las medidas más estrictas que podrían gestarse a corto plazo. Varios grupos de derechos humanos han denunciado que la medida podría derivar en un perfilamiento racial más intenso, afectando particularmente a las poblaciones latinas y otras minorías que ya enfrentan desafíos de integración y discriminación.
Tensión entre partidos: las enmiendas como punto de discordia en el Senado
El momento político no es casual. El proyecto original aprobado por la Cámara de Representantes el año pasado no había prosperado en el Senado cuando los demócratas ostentaban el control. Sin embargo, la renovada presión política y el giro en la composición legislativa impulsaron nuevamente la iniciativa, logrando aún más apoyo demócrata, al parecer influidos por las demandas ciudadanas relacionadas con la seguridad fronteriza durante las campañas electorales.
En este escenario, la posición de los senadores moderados y la posibilidad de introducir enmiendas decisivas generará intensas negociaciones. El líder demócrata Schumer ha insistido en la necesidad de debatir cláusulas orientadas a proteger a aquellos inmigrantes de bajo riesgo, e incluso a considerar mecanismos de evaluación individualizada en lugar de la detención automática. Por su parte, los republicanos advierten que “contaminar” el proyecto con ajustes demasiado amplios podría desvirtuar su propósito central: robustecer la seguridad y cerrar las brechas que permiten la permanencia de personas con historial delictivo.
A la espera del desenlace legislativo, grupos activistas y organizaciones civiles planean movilizaciones y campañas de incidencia para frenar o matizar el contenido más estricto del proyecto. Mientras tanto, se avecina una fase de acalorado debate en el Senado, que incluirá, con toda probabilidad, enmiendas clave y un tenso tira y afloja entre las bancadas políticas.
El saldo final podría repercutir tanto en la política migratoria nacional como en la forma en que los estados y el gobierno federal se relacionan en materia de control de fronteras, visados y derechos de los inmigrantes.
Publicado el 15 de enero de 2025.
