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Leyes
y derechos
La promulgación de la Constitución Española
de 1978, tiene como uno de sus puntos más importantes
la aprobación de la estructura del Estado español
en Comunidades Autónomas, lo cual otorga el derecho
de autonomía de las nacionalidades y regiones que forman
la nación española. El texto de la Constitución
establece los poderes que pueden ser asumidos por las Comunidades
Autónomas y los que sólo se les pueden atribuir
al Estado.
La Constitución
de 1978 fue aprobada por la Cortes Generales, ratificada por
el pueblo español en referéndum y sancionada
por Su Majestad el Rey Don Juan Carlos I.
Tras la
ratificación de la Constitución, poco a poco
se fue completando el proceso de instauración de las
diecisiete Comunidades Autónomas, así como la
aprobación de sus estatutos. La división política
y administrativa de España se completa con sus dos
Ciudades Autónomas: Ceuta y Melilla.
Se dice
que el logro fundamental de la Constitución es que
ha contribuido a resolver problemas históricos que
tenía España desde hacía un siglo. El
establecimiento de un nuevo estado de autonomía regional,
la regulación del papel de la Corona y la eliminación
del carácter estatal de la Iglesia, han sido elementos
esenciales para canalizar estos conflictos de manera pacífica.
El instrumento
jurídico establece además la creación
de un Tribunal Constitucional como parte esencial del orden
legal español. Dicho órgano jurídico
se asemeja en líneas generales al modelo de los tribunales
constitucionales europeos, como el de Austria, Alemania o
Italia, donde se asume este organismo como un intérprete
supremo de la Constitución.
En 1992
el Congreso de los Diputados aprobó el derecho de voto
en las elecciones municipales para los ciudadanos de la Unión
Europea que vivan en España.
Desde
el 1 de agosto de 2001 entró en vigencia el nuevo instrumento
jurídico que regula los derechos y libertades de los
extranjeros en España y su integración social:
la Ley de Extranjería.
El texto
enuncia los derechos y las obligaciones fundamentales de los
ciudadanos de otros países residentes en España
y se entiende, como criterio interpretativo general, que los
extranjeros ejercitan los derechos que les reconoce la ley
en condiciones de igualdad con los españoles. Mediante
su aplicación, se quiere conocer quiénes son
los inmigrantes, de dónde proceden y bajo qué
condiciones entran al país.
Más
información sobre el nuevo instrumento jurídico
en la sección "Especial:
vivir en España".
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